La Ley de Tratados: cómo se celebra, publica, aplica e interpreta un tratado

El módulo anterior explica por qué el TUE y el TFUE no están aquí: no se pueden leer con sello, y este sitio no publica nada sin sello. Esa limitación sigue en pie —se volvió a medir el 6 de agosto de 2026 y la respuesta es la misma—.

Pero había una pieza que sí tiene sello y que faltaba: la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. Es ley española, está en la legislación consolidada del BOE y desarrolla exactamente lo que los artículos 93 a 96 de la Constitución dejan apuntado. En los temarios aparece dentro del mismo tema, y es donde están los detalles que se preguntan.

Las tres figuras que la ley distingue (art. 2)

Esta es la primera pregunta y la que ordena todo lo demás. No todo acuerdo internacional es un tratado:

• Tratado internacional: acuerdo celebrado por escrito entre España y otro u otros sujetos de Derecho Internacional, y regido por el Derecho Internacional. Da igual que conste en un instrumento único o en varios conexos, y cualquiera que sea su denominación.
• Acuerdo internacional administrativo: no constitutivo de tratado, celebrado por órganos, organismos o entes competentes por razón de la materia, cuya celebración está prevista en el tratado que ejecuta o concreta, de contenido habitualmente técnico y regido por el Derecho Internacional. Ojo a la exclusión: no lo es el celebrado por esos mismos órganos cuando se rige por un ordenamiento jurídico interno.
• Acuerdo internacional no normativo: ni tratado ni administrativo. Contiene declaraciones de intenciones o compromisos de actuación de contenido político, técnico o logístico, y no constituye fuente de obligaciones internacionales ni se rige por el Derecho Internacional. Pueden celebrarlo también las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y las Universidades públicas.

Esa última es la que interesa a un ayuntamiento: los hermanamientos y memorandos de entendimiento son acuerdos no normativos, y por eso no obligan internacionalmente.

Y tres definiciones más que caen sueltas:

• Plenipotencia o plenos poderes: documento que acredita a una o varias personas para representar a España en la negociación, adopción o autenticación del texto.
• Firma ad referendum: acto por el que España firma sin la previa autorización del Consejo de Ministros, y que equivale a la firma definitiva una vez aprobada por este.
• Reserva: declaración unilateral al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, para excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones en su aplicación a España.

Y la pareja contratante / parte, que el examen intercambia: contratante es quien ha consentido en obligarse haya o no entrado en vigor el tratado; parte es aquel para el cual el tratado está en vigor.