Videovigilancia, los derechos digitales y el régimen sancionador

El módulo anterior cubre el consentimiento, los derechos del afectado y la Administración. Aquí va lo que a una oposición local le cae con más frecuencia y casi nunca se estudia con el texto delante: la videovigilancia, los derechos digitales del Título X —incluidos los tres laborales— y el cuadro de infracciones y prescripciones.

⚠ En esta ley los bloques del BOE van desplazados, igual que en la LCSP. El artículo 22 es a2-4, el 87 es a8-9 y el 89 es a8-11. Los identificadores se sacan del índice, nunca de la cabeza.

La videovigilancia (art. 22)

El artículo que más se pregunta de toda la ley en administración local, porque es el que un ayuntamiento aplica todas las semanas.

Quién y para qué. Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pueden tratar imágenes con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones. Esa es la única finalidad que el artículo habilita.

La vía pública. Solo pueden captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para esa finalidad. Cabe una extensión mayor cuando sea necesario para bienes o instalaciones estratégicos o infraestructuras de transporte, pero en ningún caso puede suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

Los dos plazos, que van juntos y se confunden:

• Los datos se suprimen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que hayan de conservarse para acreditar la comisión de actos contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
• En ese caso, las imágenes deben ponerse a disposición de la autoridad competente en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuvo conocimiento de la grabación.

Un mes para borrar, setenta y dos horas para entregar. Y a estos tratamientos no se les aplica la obligación de bloqueo del artículo 32.

El deber de información se entiende cumplido colocando un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible que identifique al menos la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos. Puede incluir un código o dirección de internet. Pero el responsable debe mantener a disposición de los afectados la información completa del Reglamento.

Lo que queda fuera: el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio. Y esa exclusión no alcanza a la entidad de seguridad privada contratada para vigilar ese domicilio que tenga acceso a las imágenes.