Antes del expediente, las medidas provisionales, la denuncia y la propuesta de resolución

El módulo anterior deja resueltos los siete principios de la Ley 40/2015 —legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia— y el esqueleto del procedimiento en la Ley 39/2015: las especialidades del artículo 63, el acuerdo de iniciación del 64, la carga de la prueba del 77, la terminación del 85 y las especialidades de la resolución del 90.

Aquí va lo que pasa antes de que exista expediente, cómo se paran las cosas mientras se tramita, quién puede poner en marcha la maquinaria y cómo se cierra la instrucción. Es la parte que más se falla, porque son artículos generales del procedimiento con un apartado propio para lo sancionador que la gente no lee.

Antes de que haya expediente: información y actuaciones previas (arts. 54 y 55)

El artículo 54 cabe en una línea: «Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.» Y un expediente sancionador se inicia siempre de oficio: nadie pide que le sancionen.

El artículo 55 es el que importa, porque describe una fase que no es todavía procedimiento. Con anterioridad al inicio, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas «con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento».

Y su apartado 2 es el que se pregunta, porque tiene tres finalidades tasadas para lo sancionador. Las actuaciones previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible:

1. los hechos susceptibles de motivar la incoación,
2. la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables,
3. las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.

Y quién las hace, que es la otra mitad de la pregunta:

Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.

Primero la inspección; solo si no hay, quien designe el competente. Esta fase no consume plazo de caducidad del expediente, porque el expediente todavía no existe: eso es precisamente lo que la hace útil y lo que hay que tener claro.