La Policía Judicial, la coordinación de las Policías Locales y los órganos de coordinación

Quedan dos bloques de esta ley, y los dos caen en el examen de una plaza local: la Policía Judicial —que tiene un artículo, el veintinueve, del que ya se habló, y seis más de detalle— y quién coordina a las Policías Locales, que es la pregunta con nombre y apellidos de esta oposición.

La Policía Judicial: cinco artículos y una idea (arts. treinta a treinta y cuatro)

La idea es la doble dependencia, y todo lo demás sale de ella.

Las Unidades orgánicas (art. treinta). Las organiza el Ministerio del Interior con funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cuenten con la adecuada formación especializada, atendiendo a criterios territoriales y de especialización delictual, y a ellas corresponde esta función con carácter permanente y especial. Esas unidades pueden adscribirse, en todo o en parte, a determinados Juzgados y Tribunales por el Ministerio del Interior oído el Consejo General del Poder Judicial, y también al Ministerio Fiscal, oído el Fiscal General del Estado.

⭐ La doble dependencia (art. treinta y uno). Es la pregunta segura de este bloque:

Los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su investigación.

Orgánica del Interior, funcional del juez. Y para pedir su intervención hay un conducto tasado: los Jueces o Presidentes de los órganos del orden penal y los Fiscales Jefes lo solicitan por conducto del Presidente del Tribunal Supremo, de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal General del Estado, respectivamente.

La especialización (art. treinta y dos). Es una función, no un cuerpo, y su especialización se cursa en los Centros de Formación y Perfeccionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con participación de miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, o complementariamente en el Centro de Estudios Judiciales. Y el dato: la posesión del diploma correspondiente es requisito necesario para ocupar puestos en esas unidades.

La exclusividad (art. treinta y tres). Los adscritos desempeñan la función con carácter exclusivo, sin perjuicio de que puedan desarrollar también misiones de prevención de la delincuencia y demás que se les encomienden cuando las circunstancias lo requieran.

Las dos garantías del artículo treinta y cuatro:

1. No pueden ser removidos o apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado hasta que finalice ésta o la fase del procedimiento que la originó, si no es por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente. Ni su propio jefe puede sacarlos del caso.
2. En las diligencias que lleven a cabo por encargo y bajo la supervisión de jueces, tribunales o fiscales de lo penal, tienen el carácter de comisionados de éstos, y pueden requerir el auxilio necesario de las autoridades y, en su caso, de los particulares.