El mando, el estatuto común, y el reparto de competencias entre Policía Nacional y Guardia Civil

Los dos módulos anteriores dejan resuelto quién responde de la seguridad pública —el artículo primero— y cómo hay que actuar —los principios del artículo quinto— y qué hace la Policía Local —el cincuenta y tres—. Aquí va el resto del sistema, que en un examen de Policía Local se pregunta tanto como lo propio: quién manda, qué estatuto común tienen todos los policías de España y qué hace cada uno de los dos cuerpos del Estado.

⚠ Recuerda cómo se numera esta ley: en letra. El artículo 53 es acincuentaytres y el 31 es atreintayuno. No se inventa el identificador; se lee.

El estatuto común: lo que vale para TODOS (arts. tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo)

Estos artículos están en el Título I y se aplican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Es decir: también a un policía local.

La cooperación (art. tercero). Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca, y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal efecto establece esta Ley —los del último módulo: el Consejo de Política de Seguridad y las Juntas de Seguridad—.

El deber de auxilio (art. cuarto). Dos apartados y son dos deberes de distinta intensidad:

• Todos tienen el deber de prestar el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos, en los términos previstos legalmente.
• Y quienes ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia de personas, bienes o servicios, de titularidad pública o privada, tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento. Es la base del deber de colaboración del vigilante de seguridad privada.

El estatuto profesional (art. sexto) es un artículo de nueve apartados del que se preguntan siempre los mismos cuatro:

El apartado 8 es el más preguntado de la ley entera, y hay que fijarse en la fórmula: «en ningún caso», y la prohibición alcanza también a las acciones sustitutivas. Además, tienen derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad, dedicación y el riesgo que comporta su misión (apartado 4), y la formación tiene carácter profesional y permanente (apartado 2.a).

Agentes de la autoridad… y a veces autoridad (art. séptimo). Tres reglas que se confunden entre sí:

1. En el ejercicio de sus funciones tienen a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad.
2. Cuando se cometa delito de atentado empleando armas de fuego, explosivos u otros medios de agresión de análoga peligrosidad que puedan poner en grave peligro su integridad física, tendrán a efectos de su protección penal la consideración de autoridad. No siempre: solo en ese supuesto y para ese efecto.
3. La Guardia Civil solo tendrá consideración de fuerza armada en el cumplimiento de misiones de carácter militar.

El fuero y lo disciplinario (art. octavo). La jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de los delitos cometidos contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los cometidos por éstos en el ejercicio de sus funciones, salvo cuando sea competente la jurisdicción militar.

⚠ Y aquí hay un párrafo que ninguna edición de la ley puede quitar y que NO está vigente: el segundo párrafo del apartado 1, que enviaba la instrucción a la Audiencia Provincial, fue declarado inconstitucional y nulo por la STC 55/1990, de 28 de marzo. Sigue impreso en el texto consolidado con su nota al margen, y quien lo estudie sin leer la nota contestará que instruye la Audiencia. Instruye el Juez de Instrucción, como con cualquiera.

Los otros dos apartados: la prisión preventiva y las penas privativas de libertad se cumplen en establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de detenidos o presos. Y el procedimiento penal no impide incoar y tramitar el expediente disciplinario por los mismos hechos, pero su resolución definitiva solo puede producirse cuando la sentencia penal sea firme, y la declaración de hechos probados vincula a la Administración.