Los órganos y sus competencias, las partes, la sentencia, su ejecución y las medidas cautelares

El módulo anterior deja resuelto qué es esta jurisdicción, qué queda dentro y qué fuera, la competencia de los Juzgados de lo Contencioso, la inactividad y la vía de hecho y los plazos de interposición. Aquí va el resto del recorrido: quién juzga qué, quién puede pleitear, qué puede pedir, qué dice la sentencia, qué pasa si la Administración no la cumple y cómo se para un acto mientras se pleitea.

Quién juzga qué: el reparto por órganos (arts. 9, 10 y 11)

Es la pregunta más frecuente del tema y se resuelve con una tabla. Lo que importa para una oposición local es la letra a) del artículo 10.1, porque ahí están los ayuntamientos.

El artículo 10.1.a) y b) es el que hay que saberse literal: las Salas de los TSJ conocen en única instancia de «los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo», y de «las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales».

Consecuencia práctica que se pregunta: una ordenanza municipal no se recurre ante el Juzgado, sino ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia. Los Juzgados ven actos; las disposiciones generales locales van a la Sala.

Otras letras del 10.1 que caen: los actos de los Tribunales Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a esa vía (letra d), los de las Juntas Electorales Provinciales y de comunidades autónomas y el contencioso-electoral contra la proclamación de electos y de Presidentes de Corporaciones locales (letra f), los convenios entre Administraciones de su ámbito territorial (letra g), la prohibición o modificación de reuniones de la LO 9/1983 (letra h), y la cláusula de cierre de la letra n): «Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional.»

Y los apartados 2 a 6 del artículo 10, que reparten los recursos: las Salas de los TSJ conocen en segunda instancia de las apelaciones contra sentencias y autos de los Juzgados, de los recursos de queja, de los recursos de revisión contra sentencias firmes de los Juzgados y de las cuestiones de competencia entre Juzgados de su comunidad autónoma.

De los Juzgados Centrales (art. 9) el dato que cae es el de la letra d): responsabilidad patrimonial de Ministros y Secretarios de Estado cuando lo reclamado no exceda de 30.050 euros. Por encima, a la Audiencia Nacional. Sus otras competencias del artículo 9.1: el personal cuando el acto lo dicten Ministros o Secretarios de Estado —salvo que confirmen actos de órganos inferiores o se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera—, las disposiciones generales y actos de organismos públicos estatales con competencia en todo el territorio nacional, y la inadmisión de las peticiones de asilo político.

Y la Audiencia Nacional (art. 11). Su Sala de lo Contencioso conoce en única instancia de los recursos «en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros, aun cuando se adopten previo informe o acuerdo del Consejo de Ministros o de las Comisiones Delegadas del Gobierno, y de los Secretarios de Estado», en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. También los actos de los órganos centrales del Ministerio de Defensa sobre ascensos, orden y antigüedad en el escalafón y destinos.

Lo que hay que retener del artículo 11 para una oposición local es lo que no contiene: por la Audiencia Nacional no pasa nunca un acto de una entidad local. Si el examen ofrece esa opción, es falsa.