La jurisdicción contencioso-administrativa: ámbito, quién juzga qué, y los plazos

139 convocatorias piden esta materia. La ley es larga y en un examen local se pregunta una parte muy concreta: de qué conoce este orden, qué le toca al Juzgado, quién puede recurrir, qué se puede recurrir y en cuánto tiempo. El proceso en sí —demanda, prueba, sentencia, recursos— apenas cae.

Y hay dos bloques de cifras que se cruzan en las opciones. Estos son:

Los 30.050 € son cinco millones de pesetas: por eso es un número tan raro, y por eso mismo se recuerda.

De qué conoce este orden: los artículos 1 y 2

El artículo 1.1 delimita el orden por el derecho aplicable, no por el sujeto: conoce de las pretensiones «en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo», con las disposiciones generales de rango inferior a la ley, y con los decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Y qué es «Administración pública» a estos efectos (art. 1.2): la AGE, las de las comunidades autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público dependientes o vinculadas a cualquiera de ellas.

El artículo 1.3 añade tres bloques que sorprenden:

• a) Los actos en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público del Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas autonómicas y sus instituciones análogas. Solo esas tres materias: no la función legislativa.
• b) Los actos del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales.
• c) La actuación de la Administración electoral.

El artículo 2, y la letra que más cae

Seis letras. Las tres que se preguntan:

• b) Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación pública.
• c) Los actos de las Corporaciones de Derecho público —colegios profesionales, cámaras— «adoptados en el ejercicio de funciones públicas».
• e) La responsabilidad patrimonial, y aquí la ley cierra todas las puertas:

«cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.»

Los dos «aun cuando» son exactamente los casos que se preguntan: concurrencia de un particular y existencia de seguro. Ni uno ni otro saca el asunto de este orden.