Los cinco impuestos locales, uno a uno

Tres obligatorios —IBI, IAE e IVTM— y dos potestativos —ICIO e IIVTNU—. El módulo anterior deja fijada esa lista; aquí va cada uno con lo que de verdad se pregunta: qué grava, quién lo paga y cuándo se devenga. Las tres preguntas se repiten impuesto por impuesto, y por eso conviene estudiarlos en paralelo y no uno detrás de otro.

IBI: se grava la titularidad, no la propiedad (art. 61)

El hecho imponible es la titularidad de uno de estos cuatro derechos sobre inmuebles rústicos, urbanos o de características especiales, y en este orden:

1. una concesión administrativa sobre el inmueble o sobre los servicios a que esté afecto;
2. un derecho real de superficie;
3. un derecho real de usufructo;
4. el derecho de propiedad.

El orden no es decorativo: es una prelación. Realizado el hecho imponible por uno de ellos, el inmueble no queda sujeto por los restantes. Si hay una concesión, paga el concesionario y no el propietario. Esa es la pregunta más repetida del artículo.

No están sujetos las carreteras, caminos, demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-terrestre e hidráulico siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito; y los bienes del propio municipio en que estén enclavados —los de dominio público afectos a uso público, los afectos a un servicio público gestionado directamente, y los patrimoniales—, excepto cuando estén cedidos a terceros mediante contraprestación.

Están exentos (art. 62), entre otros, los del Estado, comunidades autónomas y entidades locales afectos a seguridad ciudadana, servicios educativos y penitenciarios, y los del Estado afectos a la defensa nacional; los bienes comunales y los montes vecinales en mano común; los de la Iglesia Católica y los de las confesiones con acuerdo de cooperación; y los de la Cruz Roja Española.

Sujeto pasivo (art. 63): quien ostente la titularidad del derecho que en cada caso sea constitutivo del hecho imponible. Con una facultad expresa: puede repercutir la carga tributaria conforme a las normas de derecho común.

Base imponible (art. 65): el valor catastral, que se determina, notifica y se impugna conforme a las normas del Catastro Inmobiliario. Base liquidable (art. 66): el resultado de practicar en la base imponible la reducción de los artículos siguientes. Y en los procedimientos de valoración colectiva, la determinación de la base liquidable es competencia de la Dirección General del Catastro y se recurre ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado, no ante el ayuntamiento.

Devengo (art. 75): el primer día del período impositivo, que coincide con el año natural. No hay prorrateo: quien es titular el 1 de enero paga el año entero aunque venda en febrero.

Gestión (art. 77): la liquidación y recaudación, y la revisión de los actos de gestión tributaria, son competencia exclusiva de los ayuntamientos. Ahí está el reparto que se pregunta: el valor lo pone el Catastro y el recibo lo pone el ayuntamiento. El padrón catastral se forma anualmente para cada término municipal y se remite a las entidades gestoras antes del 1 de marzo de cada año.