La Ley 17/2009: cuándo se puede exigir una autorización y qué no se puede pedir nunca

El artículo 84.1.b) de la Ley de Bases hace algo que en un temario pasa desapercibido y en un examen no: remite a otra ley. Dice que cuando se trate «del acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009 (…) se estará a lo dispuesto en la misma».

Esa ley es la transposición española de la Directiva de Servicios, y es donde vive hoy la mitad de este tema: cuándo puede exigirse una autorización, qué requisitos no pueden pedirse nunca y qué tiene que ofrecer la Administración a cambio de simplificar.

Objeto y ámbito: a qué se aplica y a qué no

El objeto (art. 1) es «facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios», simplificando procedimientos, fomentando la calidad y evitando restricciones injustificadas o desproporcionadas.

El ámbito (art. 2) tiene dos notas: servicios prestados a cambio de una contraprestación económica, y por prestadores establecidos en España o en cualquier otro Estado miembro. Fuera quedan once bloques, y conviene tenerlos porque son pregunta directa:

• servicios no económicos de interés general · financieros · comunicaciones electrónicas · transporte, incluido el urbano, marítimo y aéreo · empresas de trabajo temporal · sanitarios, incluidos los farmacéuticos · audiovisuales · juego con apuestas de valor monetario · actividades que supongan ejercicio de autoridad pública —notarios, registradores— · ciertos servicios sociales · seguridad privada.

Y una exclusión más, en su propio apartado: «esta Ley no se aplicará al ámbito tributario». Importa en la práctica local, porque la ley limita cuándo puedes exigir una licencia pero no dice nada de la tasa que se cobre por el trámite que sí sea exigible.