Administración electrónica: identificarse, firmar, registrar y ser notificado

140 convocatorias piden esta materia: es la más pedida de todas las que no teníamos escritas. Y es la que envejece más rápido de todo el temario, porque los artículos 9 y 10 nombran órganos que han cambiado de ministerio más de una vez.

Antes de nada, el dato que más se falla del tema:

⚠ Los DIEZ DÍAS del artículo 43 son NATURALES, no hábiles. En el resto de la Ley 39/2015 los plazos por días son hábiles (art. 30.2), así que esta es la excepción y hay que retenerla como tal.

Identificarse y firmar: no es lo mismo

Es la distinción que estructura el tema entero.

Y las dos reglas que cierran el círculo:

• Quien firma no se identifica dos veces (art. 10.5): «Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma».
• Al revés sí puede valer, pero con condición (art. 10.4): la Administración puede admitir los sistemas de IDENTIFICACIÓN como sistema de FIRMA «cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable» y permitan acreditar la voluntad.

Los tres tipos de sistema, y el deber de la letra c)

Tanto el artículo 9 como el 10 tienen la misma estructura de tres letras:

• a) y b) — Certificados electrónicos cualificados expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».
• c) — «Cualquier otro sistema» que la Administración considere válido, con registro previo como usuario y comunicación previa a la Secretaría General de Administración Digital, acompañada de declaración responsable.

Tres datos de la letra c) que se preguntan por separado:

1. Dos meses de espera. «De forma previa a la eficacia jurídica del sistema, habrán de transcurrir dos meses desde dicha comunicación», durante los cuales el órgano estatal competente puede acudir a la vía jurisdiccional por seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que debe emitirse en diez días. No es una autorización: es una ventana de oposición.
2. Dónde vive el dato. Los recursos técnicos deben estar «en territorio de la Unión Europea», y si hay categorías especiales de datos del artículo 9 del RGPD, «en territorio español». Sin transferencias a terceros países, salvo decisión de adecuación de la Comisión o obligación internacional de España.
3. La garantía de las letras a) y b). Aunque se admita un sistema de la letra c), la Administración «deberá garantizar que la utilización de uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento».

Y el reconocimiento mutuo del artículo 9.4: si la AGE acepta un sistema, «servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario».